La central hidroeléctrica de La Retorna tiene mucho futuro por delante. A día de hoy siguen existiendo vías legales, administrativas y patrimoniales que pueden determinar la continuidad de su vida útil. Por eso, desde la campaña ‘Salvemos La Retorna’ pedimos que, entre todos los escenarios posibles, se tome una decisión que valore con rigor su viabilidad, su impacto ambiental, su valor histórico y patrimonial y su enorme utilidad para el territorio. Y rechazamos la decisión de la CHE que aboca a la demolición esta importante y valiosa infraestructura.
El camino para mantener La Retorna en funcionamiento pasa porque la Confederación Hidrográfica del Ebro vuelva a licitar su explotación por el mayor plazo que permite actualmente la normativa (30 años). Una solución viable dado que la última concesionaria (Minicentrales Hidroeléctricas de La Rioja, actualmente Renewable Power International) ha presentado un proyecto que defiende la viabilidad técnica, económica y ambiental del salto, junto con propuestas de mejora.
La presa, los canales, los acueductos y la central forman un conjunto que podría entrar en funcionamiento en cualquier momento, siempre que se revisen y no se detecten daños sustanciales dada la falta de mantenimiento desde 2022.
La repercusión en términos de energía sería de gran impacto, ya que tiene capacidad para generar electricidad para hasta 4.000 hogares, una cifra superior a los que se encuentran habitados en todos los pueblos de las 7 villas, incluso en verano. Este dato revela la magnitud de esta presa y lo incomprensible de la decisión de la CHE, en un momento en el que desde el Gobierno central se está subvencionando la construcción de nuevas presas hidroeléctricas.
La continuidad de La Retorna tendría además un efecto directo sobre el entorno. Desde los municipios implicados reclamamos un canon por el uso de esta infraestructura o la adopción de medidas que reviertan y beneficien directamente a nuestros habitantes. En este sentido, la antigua concesionaria ha planteado la posibilidad de que su reapertura contribuya a reducir la factura eléctrica en las localidades en las que se asienta, algo especialmente relevante en una comarca con inviernos duros y sin red de gas.
Esto implicaría, además, mejorar las condiciones de vida en el Alto Najerilla, sostener la actividad económica y ofrecer una oportunidad real para fijar población en un territorio que necesita recursos, servicios y perspectivas de futuro.
Para que esta vía sea viable, esa nueva licitación debería plantearse con condiciones realistas, tanto en el plazo de concesión como en el canon de regulación.
El futuro de La Retorna no depende únicamente de la CHE. En paralelo siguen abiertos dos frentes relevantes: el recurso de casación pendiente ante el Tribunal Supremo y el expediente para su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).
En manos del Tribunal Supremo está dirimir si es legal la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que daba la razón a la CHE y ordenaba demoler La Retorna pese a tener un proceso de declaración de BIC abierto.
Ese expediente de protección patrimonial fue incoado por el Gobierno riojano en 2023 y, desde entonces, ha seguido un recorrido administrativo complejo. Pasó a manos del Ministerio de Cultura, al tratarse de una infraestructura ubicada en dominio público hidráulico, pero ahora el Gobierno central ha decidido inhibirse en el procedimiento y trasladarlo de nuevo al Ejecutivo riojano. Por ello, los municipios implicados pedimos la máxima celeridad en su tramitación, ya que esta declaración es determinante para salvar, de forma definitiva, a La Retorna de la demolición.
Frente a la posibilidad de dar continuidad a La Retorna, la CHE plantea su demolición al amparo del Reglamento (UE) 2024/1991 de Restauración de la Naturaleza. Sin embargo, se trata de una opción costosa e irreversible desde el punto de vista del patrimonio, por la magnitud de esta obra, pero también desde la perspectiva económica y ambiental.
El derribo supondría una intervención de gran complejidad técnica y elevado coste, cerca de 5 millones de euros, dada la entidad del conjunto —presa, central, derivaciones, acueductos y varios kilómetros de canales— y la dificultad de actuar en un entorno de montaña.
La sostenibilidad tampoco puede ser argumento para el derribo por el gran impacto que generaría en los ecosistemas. Además, desde su proyección, hace ya más de ocho décadas, se trató de integrar La Retorna en su entorno, algo poco habitual en aquella época. Incorporó desde su origen medidas como el paso de peces, posteriormente reforzadas en la central. La actual propuesta de continuidad prevé nuevas actuaciones para mejorar la conectividad fluvial y adaptarse a la normativa vigente.
Por otra parte, la posible presencia de especies protegidas en la zona, como el desmán ibérico y el cangrejo de río que alegan desde la CHE y desde movimientos ecologistas, exige estudios rigurosos y datos contrastados que la última concesionaria se ha ofrecido a llevar a cabo.
Tras más de ocho décadas de funcionamiento, La Retorna forma ya parte de un entorno transformado y estabilizado, por lo que su desaparición alteraría de forma brusca las condiciones físicas del río y del entorno inmediato.
Existe además otro escenario posible nada alentador: no demoler, pero tampoco actuar. Dejar La Retorna cerrada, sin uso y sin mantenimiento, a la espera de que el deterioro avance con el tiempo.
El abandono conduciría a la degradación progresiva de la infraestructura y a una pérdida paulatina de su valor, repitiendo un proceso ya conocido en otros ejemplos próximos, como el Salto del Águila en Ezcaray.
La Retorna no es un caso aislado. Aunque muchas centrales hidroeléctricas acaban en demolición al extinguirse su concesión, existen precedentes de continuidad cuando concurren utilidad, valor estratégico o viabilidad de modernización. Casos como El Molinar (Valencia), El Pasteral (Girona), Las Juntas (Cantabria) o la central de Lodosa (Navarra) muestran que el fin de una concesión no conduce necesariamente al derribo.
